Un tribunal español abre una investigación sin precedentes sobre el fiscal que se niega a dimitir
El jefe del Ministerio Público de España, Álvaro García Ortiz, ya emitió un comunicado en el que afirmó que no tiene intención de dimitir, pese a la investigación que será objeto y a la petición en ese sentido de la mayoría de los fiscales. asociaciones.
Este caso está actualmente en el centro de la atención mediática en España, por tratarse de nombres vinculados a la política y al Partido Popular (PP) y porque no tiene precedentes, al ser la primera vez que el Fiscal General del Estado será investigado por los tribunales. .
Se trata de la supuesta revelación de información, el pasado mes de marzo, sobre la compañera de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), un empresario acusado de delitos de fraude fiscal.
El Fiscal General del Estado será investigado por su posible implicación en la filtración de correos electrónicos intercambiados entre el Ministerio Público y la defensa del empresario ante los medios de comunicación, en los que éste reconocía dos delitos y proponía un acuerdo para reparar deudas con el fisco.
El titular del Ministerio Público no se pronunció sobre estos correos electrónicos, pero se encargó de publicar un comunicado del Ministerio Público en el que desmintió información divulgada públicamente y aclaró que el empresario Álvaro González Amador había propuesto un acuerdo al Estado y así admitió que había cometido crímenes.
La investigación a la Fiscalía General del Estado anunciada hoy por el Tribunal Supremo de España es fruto de una denuncia del empresario, relativa a la revelación de datos personales e información que debía permanecer secreta.
Dos asociaciones de fiscales, incluida la que representa a la mayoría de los magistrados del Ministerio Público, pidieron hoy la dimisión de Álvaro García Ortiz al considerar que «ha perdido por completo la autoridad que debe tener la Fiscalía del Estado como máximo responsable» y que es la única manera de evitar «daños a la reputación» de la carrera y la institución de cada uno.
Una tercera asociación, sin embargo, consideró que estaba en juego la presunción de inocencia y expresó su apoyo a la actuación del fiscal general.
El PP, el partido más numeroso en el Parlamento español y líder de la oposición al Gobierno de izquierda, también pidió la dimisión del fiscal.
El Gobierno, a través de varios ministros, defendió la «profesionalidad y honorabilidad» del fiscal y consideró que actuó en este caso en defensa del Ministerio Público y contra las mentiras difundidas públicamente.
Álvaro García Ortiz ya ha anunciado que seguirá en el cargo, pues está convencido de que «es el menos gravoso y el más prudente para la institución (el Ministerio Público) a medio y largo plazo».
El fiscal dice ser «consciente de la repercusión pública» de la noticia de que es objeto de una investigación judicial y afirmó que es precisamente «la consideración de estas circunstancias» lo que le hace permanecer en el cargo, «con pleno respeto a la El Derecho y el Estado de Derecho”.
Al resaltar que la apertura de una investigación del Ministerio Público no tiene precedentes, García Ortiz defendió «una reflexión profunda» sobre lo que la motiva y «las circunstancias que la rodean».
El fiscal recordó que la legislación española asigna al Ministerio Fiscal la función de informar sobre las cuestiones relevantes que conoce para garantizar el derecho de los ciudadanos a una información fiable, «más aún en un caso como este, en el que rumores o falsedades comprometían la imagen de la institución y de varios de sus miembros».
García Ortiz dijo que ser formalmente objeto de investigación le permitirá ejercer plenamente su derecho a la defensa.
