El juez del Tribunal Supremo español reitera la negativa de amnistía a Puigdemont
Es la segunda vez que el juez Pablo Llarena se niega a aplicar a Puigdemont la ley de amnistía para los independentistas catalanes aprobada en mayo por el Parlamento español.
Tras una primera decisión al respecto, la defensa de Puigdmont y el Ministerio Público interpusieron recursos, pero el juez confirmó hoy la negativa a conceder la amnistía al independentista.
Puigdemont puede ahora recurrir ante una sección superior del Tribunal Supremo y, luego, si se confirma el rechazo de la amnistía, ante otras instancias, como el Tribunal Constitucional o la justicia europea.
El juez Pablo Llarena ha afirmado que la ley de amnistía que se aprobó no cubre el delito de malversación (malversación de fondos públicos) del que se acusa a Puigdemont, que vive en Bélgica desde 2017 para escapar de la justicia española tras haber desempeñado un papel protagonista ese año . una declaración unilateral de independencia de Cataluña.
El cargo de malversación de fondos surge del uso de fondos públicos para organizar un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña en octubre de 2017, cuando Puigdemont era presidente del gobierno autónomo.
La ley de amnistía establece que los delitos de malversación no son amnistiables cuando existiera «la finalidad de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial» y ésta es la justificación utilizada por el juez para denegar el recurso a Puigdemont, en lo que consideran los abogados del líder independentista una «arbitrariedad grotesca» por parte del juez.
El juez del Tribunal Supremo afirma que la ley de amnistía no establecía que todos los delitos de malversación cometidos para organizar el referéndum fueran amnistiables y que los imputados «decidieron cargar los gastos» de la consulta a fondos públicos aportados por los contribuyentes, lo que era ilegal, contradice la Constitución española y el Estatuto de Cataluña y no entraba dentro de las competencias del gobierno autonómico.
La decisión del juez Llarena -que abarca a otros líderes independentistas catalanes además de Puigdemont- también contradice decisiones tomadas por magistrados de otras instancias, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya han aplicado la amnistía a personas que habían sido condenadas o estaban acusadas por el mismo crimen.
El 30 de mayo, el parlamento español aprobó una amnistía para los separatistas de Cataluña condenados, acusados o buscados por la justicia debido al intento de autodeterminación de la región que culminó en el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia en 2017.
La amnistía fue una demanda de los partidos independentistas Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Juntos por Cataluña (JxCat, de Carles Puigdemont) para hacer viable el pasado noviembre el último Gobierno español, encabezado por el socialista Pedro Sánchez.
La nueva «ley de amnistía orgánica para la normalización institucional, política y social de Cataluña» se publicó el 11 de junio y entró en vigor de forma inmediata, quedando ahora su aplicación en manos de los jueces, valorando caso por caso.
Hasta el momento, los tribunales se han negado a aplicar la amnistía a Puigdemont, que sigue siendo objeto de una orden de detención en territorio español.
Pese a ello, Puigdemont estuvo el pasado mes de agosto en Barcelona sin ser detenido.
Tras celebrar una pequeña concentración en la ciudad, retransmitida en directo por las redes sociales y la televisión, Puigdemont volvió a escapar de la policía y regresó a Bélgica.
La ley de amnistía, pese a contar con el apoyo de la mayoría de los catalanes, ha dividido en los últimos meses a los españoles, como demuestran todas las encuestas y estudios de opinión, así como a magistrados y juristas, y ha sacado a las calles a decenas de miles de personas en manifestaciones Protestas convocadas por el Partido Popular (PP, derecha) y Vox (extrema derecha).
