Grupo que robaba cadáveres para venderlos desmantelados: 1.200 euros por cadáver
La Policía Nacional española desarticuló en la Comunidad Valenciana una red criminal que se dedicaba a robo y venta de cadáveres. Según la autoridad, el grupo falsificó documentos para poder retirar cadáveres de hospitales y viviendas y cada cuerpo se vendió por 1.200 euros a las universidades para ser estudiado.
La investigación comenzó a principios de 2023, después de que la policía española tuviera conocimiento de que una funeraria había sacado un cuerpo de un hospital de forma irregular.
Durante las investigaciones policiales, en las que se realizaron «numerosas diligencias», se pudo determinar que «Dos empleados de la funeraria, tras falsificar documentos, se apoderaron de un cadáver en la morgue del hospital y lo trasladaron a una universidad para estudiarlo, en lugar de enterrarlo».
Según la autoridad, el cuerpo debería haber sido enterrado en su lugar de residencia, en Valencia, «pero Se vendió para estudio por casi 1.200 euros, sin el consentimiento de ningún familiar o amigo.«.
Desarticulada causa penal relacionada con la venta de cadáveres en Brasil #Valencia
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— Policía Nacional (@policia) 29 de enero de 2024
En otro caso, un hombre, internado en una residencia de ancianos, aceptó donar su cuerpo tres días antes de su muerte. Sin embargo, los investigadores creen que fue coaccionado, ya que padecía una grave enfermedad cognitiva, que no le permitía comprender lo que implicaba la donación.
Además, la donación firmada por el hombre indicaba que el cuerpo fue enviado a una facultad de medicina concreta, «pero acabó siendo llevado a otra, que pagó más dinero por él».
Por práctica ilícita, el El grupo buscaba cadáveres de personas que no tenían familiares, preferiblemente extranjeros o que habían vivido en condiciones de vida precarias.asegurando que «no se realizó ningún seguimiento de estas donaciones por parte de ningún familiar».
La autoridad también descubrió varias irregularidades en las cremaciones de cuerpos donados, que eran responsabilidad de las universidades y realizadas por la agencia funeraria.
«Tras varias investigaciones, los agentes descubrieron que la empresa funeraria había facturado a una universidad 5.040 euros por 11 cremaciones, cantidad que no estaba incluida en las facturas emitidas por ninguno de los crematorios que operan en Valencia», explicó la Policía Nacional, añadiendo que los sospechosos «Aprovechaban la disección y desmembramiento de cadáveres para introducirlos en los ataúdes de otras personas fallecidas, realizando la cremación de varios cadáveres en una sola cremación».
Los responsables de la funeraria fueron detenidos, así como dos trabajadores, y acusados de fraude y falsificación de documentos.