España: Fiscal General del Estado multada e inhabilitada para ejercer por violación del secreto judicial
El Tribunal Supremo español condenó este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a una multa de unos 7.300 euros y a una inhabilitación para el ejercicio de su cargo durante dos años por violar el secreto judicial.
El máximo magistrado del país, nombrado en 2022 a sugerencia del gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, compareció durante seis días a principios de noviembre por haber revelado, según la fiscalía, a los periodistas un correo electrónico confidencial sobre un empresario, cónyuge de un opositor de derechas en un caso de presunto fraude fiscal.
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El magistrado, que siempre negó haber estado en el origen de esta filtración, también fue condenado a indemnizar con 10.000 euros a este empresario, Alberto González Amador, cuya pareja es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su condena supone un duro golpe para Pedro Sánchez y su gobierno, que siempre han defendido a Álvaro García Ortiz y han dicho creer en su inocencia. El caso se remonta a principios de 2024: la justicia investigó entonces a Alberto González Amador, sospechándolo de haber engañado a la administración tributaria durante la pandemia de Covid-19.
Se había solicitado la liberación
En marzo de 2024, varios medios publicaron el contenido de un correo electrónico enviado el mes anterior a la fiscalía por el abogado de González Amador, quien le ofrecía un acuerdo de culpabilidad por el que su cliente se disponía a admitir dos delitos de fraude fiscal para escapar a cambio de una pena de prisión. La revelación de esta oferta podría generar dudas sobre la inocencia de González Amador, quien inmediatamente emprendió acciones legales, convencido de que el Fiscal General había organizado esta filtración a los medios para perjudicar a Díaz Ayuso.
Durante el juicio, varios periodistas aseguraron al tribunal que el señor García Ortiz no fue quien les reveló este intercambio. Al considerar que no había cometido ningún delito, la fiscal María Ángeles Sánchez Conde, por su parte, solicitó la libertad de su superior. El propio Alberto González Amador pronto deberá ser juzgado por fraude fiscal en el caso central de este juicio sin precedentes en la historia moderna de España.
