1,51 euros por litro de SP 95: España reduce a la mitad el IVA de los carburantes
España ha dado el paso. Ante el aumento de los precios de la gasolina provocado por la guerra en Irán, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó el viernes 20 de marzo un decreto-ley de urgencia que moviliza 5.000 millones de euros de dinero público. El texto, publicado al día siguiente en el Boletín Oficial y que entró en vigor este domingo 22 de marzo, despliega 80 medidas destinadas a “reducir posibles aumentos de precios que afecten a los ciudadanos, respondiendo a la demanda social de decisiones tomadas para combatir la inflación”.
La medida de la que todo el mundo hablará en las gasolineras es evidentemente el IVA sobre los carburantes, que bajará del 21% al 10%, combinado con una reducción del impuesto sobre los hidrocarburos «al nivel mínimo permitido por la directiva europea». En concreto, para los que repostaron este domingo: el litro de SP 95, que todavía alcanzaba los 1,80 euros el 19 de marzo, baja a 1,51 euros. Eso supone un ahorro de 16 euros con un depósito de 55 litros. El 98 sin plomo sigue la misma trayectoria, pasando de 1,94 a 1,60 euros (18,5 euros menos por depósito lleno). El diésel baja de 1,90 a 1,67 euros (12,5 euros de ahorro en repostaje).
Un escudo energético global
Pero Madrid no quería quedarse sólo con los automovilistas. El decreto-ley tiene un amplio alcance: el IVA sobre la electricidad, el gas natural, los pellets y la leña también se reduce del 21% al 10%. El impuesto especial sobre la electricidad se desploma del 5,1% al 0,5%, y se suspende pura y simplemente el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Para los hogares que calientan con butano o propano también hay buenas noticias: los precios están congelados.
El mundo económico también es el objetivo de este escudo arancelario. Los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores recibirán una “ayuda de 20 céntimos por cada litro de combustible profesional” consumido en el ejercicio de su actividad. Todo el sistema tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2026. La formalidad final es que el decreto-ley será sometido al Congreso para su votación la próxima semana.
