Sánchez presenta denuncia contra juez que lo citó como testigo
La denuncia fue presentada en nombre de Sánchez por la Fiscalía General del Estado, organismo que, en España, está integrado en la estructura del Gobierno y que en otros países, como Portugal, es competencia del Ministerio Fiscal.
Sánchez se queja, en concreto, de que el juez Juan Carlos Peinado no haya respetado la ley de procedimiento penal, que establece que el jefe del Gobierno debe declarar por escrito cuando esté en juego un proceso relacionado con el ejercicio de su cargo.
El texto de la denuncia, citado por varios medios, afirma que el juez negó a Sánchez la posibilidad de declarar por escrito «sin explicación alternativa» y que el juez continúa con las investigaciones sin tener «el más mínimo indicio» que las justifique, generando «Descrédito gratuito» y desprestigio de la institución de la Presidencia del Gobierno de España.
Esta denuncia, precisa el documento, no es «un ataque al Poder Judicial», sino, precisamente, una defensa contra uno de sus miembros que «se apartó» del debido ejercicio de la ley.
«Existe una larga historia de cómo las resoluciones judiciales pueden influir en el desarrollo político de un país, tanto en España como en el extranjero (…). Por tanto, está claro que la forma en que se recogen las declaraciones tiene repercusiones a las que el legislador no está «Insensible», se lee en el texto, donde se considera que «nada de eso fue respetado» por el juez.
La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, confirmó la presentación de la querella contra el juez en una rueda de prensa en Madrid tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.
«Con esta denuncia se pretende, obviamente, respetar la independencia y el trabajo del poder judicial, pero también defenderlo de las prácticas de quienes actúan por razones políticas ajenas a la ley», afirmó.
Pilar Alegría ha añadido que el objetivo es también «defender la dignidad de una institución tan importante como la Presidencia del Gobierno, para que esto no vuelva a sucederle a ninguna persona, independientemente de su ideología política», cuando ocupa el cargo en el futuro .
Pedro Sánchez invocó hoy el derecho al silencio y no declaró en la causa judicial en la que se investiga a su esposa por sospecha de tráfico de influencias y corrupción empresarial.
Sánchez había dicho que estaba disponible para prestar declaraciones escritas, pero el juez rechazó esa posibilidad argumentando que fue llamado a declarar por ser marido de Begoña Gómez y no por ser presidente del Gobierno.
El juez mantuvo así la decisión de recoger testimonios personalmente, en una declaración oral que tendría que quedar grabada y que tendría lugar en el interior del Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, en Madrid.
El magistrado, representantes del Ministerio Público, abogados defensores y un abogado del partido de ultraderecha Vox, en representación de las «acusaciones populares» que se constituyeron en este caso, acudieron hoy a Moncloa para recoger el testimonio de Sánchez, que acabó invocando a la derecha. al silencio de los testigos cuando están en juego investigaciones que involucran a sus cónyuges.
La portavoz del Gobierno consideró lo ocurrido hoy en Moncloa «un montaje» con «el objetivo claro» de «dañar la imagen» del jefe del Gobierno «a partir de un no caso» y dijo que el ejecutivo está tranquilo y tiene la confianza que «el tiempo pondrá todo y a todos en su lugar».
La investigación dirigida a Begoña Gómez se basa en denuncias de asociaciones vinculadas a la extrema derecha y se centra, en particular, en su relación profesional con un empresario cuyas empresas negociaron ayudas públicas o participaron en concursos públicos durante un periodo en el que Pedro Sánchez ya era primer ministro. ministro.
De acuerdo con las conclusiones de dos informes de investigación policial, el Ministerio Público consideró que no había indicios de irregularidades ni fundamento para el caso y solicitó su archivo, sin respuesta aún a este recurso.
El juez instructor considera que existen pruebas suficientes para continuar con la investigación y ha llamado a varias personas a prestar declaración.
Pedro Sánchez y el Partido Socialista Español (PSOE), que lidera, han reiterado que no hay nada que justifique esta investigación judicial y que está en juego una persecución política y personal contra el jefe de Gobierno y su familia.
Junto con la ley de amnistía para los independentistas catalanes, este caso es desde hace varias semanas el principal blanco de ataque al presidente del Gobierno por parte de la oposición.
Este caso fue también el motivo que llevó a Sánchez a plantearse dimitir a finales de abril, alegando que él y su familia eran víctimas de una «máquina de baba» que difunde mentiras y desinformación en Internet que luego son llevadas al debate político por el gobierno. derecha y extrema derecha y llevados ante la justicia con denuncias de asociaciones extremistas.