Inundaciones en España: ¿qué es este “licencia climática retribuida” que acaba de aprobar el país?
Del “licencia climática remunerada”. El Gobierno español aprobó el 29 de noviembre un permiso especial de cuatro días para evitar viajes en caso de alerta ligada a un riesgo meteorológico, un mes después de las mortales inundaciones que dejaron 230 víctimas en el sureste del país.
Este nuevo sistema, adoptado por el Consejo de Ministros, tiene como objetivo “adaptar la legislación laboral” español en contexto “emergencia climática”explicó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la televisión pública RTVE.
Esta medida, inspirada en una legislación similar en Canadá, permitirá a los trabajadores beneficiarse de cuatro días de permiso, pagados por el Estado, en caso de alerta emitida por las autoridades, ya sea “de un ayuntamiento, de una región o del gobierno central”continuó Yolanda Díaz, figura del partido de extrema izquierda Sumar.
Trabajadores mejor protegidos por la ley
Concretamente, “desde el momento en que una autoridad, cualquiera que sea, indique que existe riesgo en los viajes, los empleados deberán abstenerse de acudir a trabajar”detalló Yolanda Díaz, para quien “ningún trabajador debería correr riesgos”. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aclaró que estos días estarán disponibles cuando las personas no puedan acudir físicamente a su lugar de trabajo y no puedan trabajar de forma remota. Si la duración máxima de este nuevo permiso climático no puede superar los cuatro días, las empresas tendrán la posibilidad, transcurrido este plazo, de recurrir a los regímenes de desempleo parcial, que ya existen en casos de fuerza mayor, según el ejecutivo.
Además, los trabajadores estarán protegidos por la ley si las empresas alguna vez deciden negarles esta licencia. Sin embargo, el ministro no ha proporcionado por el momento más detalles sobre las posibles condiciones que deben cumplir los empleados para poder beneficiarse de él.
Las normas adoptadas el jueves también exigen que las empresas adopten medidas específicas de prevención de riesgos en caso de catástrofes y condiciones meteorológicas adversas. Los trabajadores tienen derecho a ser informados de estas medidas cuando se emite una alerta de desastre. Ante un riesgo grave e inminente, las empresas deberán informar a los trabajadores de estas medidas lo antes posible y pedirles que dejen de trabajar hasta que el peligro desaparezca. Dispondrán de doce meses para desarrollar estos planes de acción, que deberán adaptarse a los riesgos específicos de cada empresa.
“Minimizar el impacto”
Esta medida se enmarca en la polémica suscitada por la gestión de las inundaciones por parte de varias empresas. De hecho, estos últimos habían sido objeto de críticas tras las inundaciones por haber pedido a sus empleados que permanecieran en el trabajo a pesar de la alerta roja emitida por la Agencia Meteorológica Nacional (Aemet). Estos, a su vez, culparon a las autoridades, acusadas de no haberles informado suficientemente y de haber enviado alertas a los teléfonos móviles de la población a primera hora de la tarde, varias horas después del aviso de la ‘Aemet.
Según los especialistas, “el costo de este tipo de evento podría duplicarse para 2050», recordó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al final del Consejo de Ministros, durante el cual se adoptó un nuevo paquete de ayuda de 2.300 millones de euros para las víctimas de la catástrofe. En este contexto, “Debemos seguir avanzando en términos de movilización, financiamiento e inversión para adaptarnos y ser más resilientes ante este tipo de eventos” Y “minimizar el impacto”añadió.
