España redujo su déficit público al 3,7% del PIB en 2023

España ha reducido su déficit público al 3,7% de su producto interior bruto (PIB) en 2023, mejor que el objetivo del 3,9% fijado inicialmente por el Gobierno, anunció el miércoles el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Esta tasa, inferior en más de un punto a la de 2022 (4,8%), se logró gracias a un crecimiento del 2,5%, uno de los más elevados de la zona del euro, recordó Sánchez durante un discurso en el Congreso de los Diputados. “A España le va mejor que a la Unión Europea: nuestro crecimiento es cinco veces superior a la media de la zona euro“, subrayó el líder socialista, elogiando su política de “redistribución”, pero también su seriedad presupuestaria. “Redistribuimos el crecimiento, aumentamos las pensiones de jubilación, aumentamos el salario mínimo y reforzamos los servicios públicos”, pero “lo hacemos de forma fiscalmente responsable«, él dijo.

El crecimiento español, impulsado por un número récord de turistas, también ha permitido a España reducir su deuda pública hasta el 107,7% del PIB, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Gobierno Sánchez se ha comprometido con Bruselas a continuar con esta política de saneamiento de las cuentas públicas en 2024, reduciendo su déficit al 3%, el techo que marcan los tratados europeos. “Hay una apuesta clara por la reducción del déficit y la deuda», declaró recientemente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista con el diario económico Expansión. “Seguimos siendo conscientes de la importancia de este elemento de responsabilidad fiscal.», añadió.

Según las normas presupuestarias europeas, el déficit público de los estados miembros de la UE no debe, en teoría, exceder este umbral simbólico del 3%, mientras que su deuda pública no debe exceder el 60% del PIB. Sin embargo, el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE acordaron a principios de febrero reformar estas normas presupuestarias, consideradas obsoletas y de hecho poco respetadas. Este acuerdo, aunque confirma estos ratios emblemáticos, flexibiliza un poco el ajuste solicitado en caso de déficit excesivo, dando a los Estados miembros más tiempo para respetarlos, si emprenden reformas estructurales e inversiones.