España: empresas de alquiler turístico objeto de una investigación
El Gobierno español anunció el jueves que había abierto una investigación contra empresas que gestionan un gran número de apartamentos turísticos en plataformas de alquiler, acusadas de desestabilizar el mercado inmobiliario mediante prácticas comerciales engañosas. Este procedimiento se suma a una primera investigación abierta en junio contra empresas de alquiler que no cuentan con licencias turísticas. Se dirige a empresas encargadas de administrar apartamentos turísticos, en ocasiones por “cientos”especifica el Ministerio de Consumo en un comunicado de prensa.
Estas empresas, que gestionan propiedades que generalmente cuentan con licencia, están acusadas de haberse hecho pasar por personas comunes y corrientes al redactar los anuncios publicados en Internet en las páginas de alquiler para atraer clientes potenciales. estas son empresas “que crean un perfil diferente” para cada apartamento, a menudo el de un “familia ideal”y que no corresponde “al verdadero dueño”detalló en la televisión pública TVE Patricia Suárez, presidenta de la asociación de consumidores Asufin.
Cuestionado por periodistas, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, al inicio de esta investigación, estimó que podría tratarse de un asunto de “prácticas comerciales engañosas”probablemente “menoscabando el derecho a la vivienda en España”. El anuncio de esta investigación se produce en un momento en el que aumentan las críticas en España contra los apartamentos turísticos, acusados de impulsar el aumento de los alquileres en las grandes ciudades del país al reducir el número de alojamientos disponibles para alquiler a los residentes.
Este enfado empujó al ayuntamiento de Barcelona (noreste) a anunciar el 21 de junio el fin del alquiler de apartamentos turísticos para 2029. En Málaga (sur), el municipio ha decidido que no se autorizarán nuevos apartamentos vacacionales sólo en 43 distritos de la ciudad. Una actitud alentada por el Gobierno de izquierda español, que trabaja en la creación de un registro de alojamientos turísticos y de temporada para luchar contra el alquiler ilegal de determinados apartamentos, que podría estar operativo en la primavera de 2025.
