Un tribunal español cierra una investigación abierta sobre las torturas durante el franquismo
La decisión de archivo se tomó el 31 de julio, considerando el juez que los hechos habían prescrito e invocando la ley de amnistía española de 1977.
Estos también han sido los argumentos utilizados por todos los magistrados a lo largo de los años para no abrir investigaciones relacionadas con crímenes perpetrados durante la dictadura.
La única denuncia que ha dado lugar a la apertura de una investigación hasta el momento fue la de Julio Pacheco, de 68 años, que fue además, por tanto, la única víctima de torturas durante la dictadura que fue escuchada por un juez, en septiembre de 2018. el año pasado.
Un año después, se supo que su caso también había sido cerrado, aunque la decisión conocida hoy aún podría ser recurrida, según ONG como Amnistía Internacional, que, en un comunicado, se comprometió a «seguir luchando para derribar el muro». de impunidad, para que se realicen investigaciones y se juzguen los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo».
Fue el 15 de septiembre cuando la justicia española escuchó por primera vez a una víctima de torturas durante la dictadura de Francisco Franco, 49 años después de la muerte del general y más de 100 denuncias similares que no fueron seguidas en los tribunales.
Julio Pacheco, de 68 años, tipógrafo jubilado, presentó una denuncia contra cuatro hombres a los que acusa de haberlo torturado en agosto de 1975, cuando tenía 19 años y era estudiante, miembro del Partido Comunista y miembro de una organización de activistas. contra la dictadura.
Julio Pacheco alega que fue torturado durante tres días en la extinta Dirección General de Seguridad por cuatro agentes de la Brigada Político-Social, la policía política de Franco.
A lo largo de los años, se han presentado más de 100 denuncias similares ante la justicia española, pero Julio Pacheco fue la primera y única persona en ser escuchada por las autoridades judiciales.
Hasta ahora, las autoridades españolas siempre han invocado, para negarse a dar seguimiento a las denuncias, la prescripción de los presuntos delitos y, sobre todo, la ley de amnistía aprobada en 1977.
Esta ley, considerada fundamental en la llamada «transición española» de la dictadura a la democracia, cubría los delitos políticos cometidos durante la dictadura por opositores al régimen de Franco y por «funcionarios y agentes del orden público».
En 2022, el parlamento español aprobó una nueva Ley de Memoria Histórica, en virtud de la cual se creó una Fiscalía de Memoria Histórica, con la expectativa de que las denuncias presentadas ante los tribunales comenzaran a dar lugar a investigaciones.
La Ley de Memoria Histórica pretende, entre otras cosas, ampliar las reparaciones a las víctimas del franquismo.
