La Generalitat Valenciana ‘bajo fuego’ por fallos y retrasos durante la DANA
Las quejas y las dudas surgieron en las primeras horas tras las inundaciones que azotaron el este de España el 29 de octubre.
Pese a que hubo críticas tanto al Gobierno central, liderado por los socialistas, como a la ejecutiva autonómica conservadora del Partido Popular (PP), fue contra este último contra el que se intensificaron en los últimos días.
El pasado domingo, la indignación contra las instituciones públicas tuvo un momento inédito en la historia democrática de España, cuando los Reyes, Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno regional, Carlos Mazón, fueron recibidos con barro. y gritos de «asesinos» en una de las más de 70 localidades afectadas por las inundaciones, Paiporta.
Casi una semana después, 40 organizaciones sociales y sindicatos han convocado hoy una manifestación en Valencia con el lema «Despido de Mazón».
La región de Valencia fue azotada por una tormenta el 29 de octubre a última hora de la tarde. Eran las 8:10 de la noche cuando llegó una alerta escrita a los celulares, pero en ese momento ya había pueblos y carreteras inundados con miles de autos atrapados en el agua.
La alerta llegó a las 20.10 horas, pero había aviso meteorológico rojo desde las 7.31 horas. La responsabilidad del envío de alertas recae en las autoridades autonómicas (Comunidad Valenciana), mientras que los servicios meteorológicos son de propiedad estatal.
Las actuaciones de las autoridades nacionales y autonómicas el 29 de octubre, en las horas previas a las inundaciones, han llenado las noticias y los periódicos de los últimos días, con informaciones de un lado y del otro no siempre coincidentes.
Fuentes del Gobierno central revelaron correos electrónicos y contactos telefónicos «al más alto nivel» desde la mañana, con el objetivo de alertar a los alcaldes y al ejecutivo de la Comunitat Valenciana del peligro y la necesidad de actuar.
Fuentes del Gobierno regional, sin desmentir los contactos, garantizan que no tuvieron un contenido tan concreto ni alarmante, lo que sólo se produjo sobre las 20.00 horas, cuando un secretario de Estado advirtió de la posibilidad de rotura de una presa.
Sin embargo, varias declaraciones de Mazón y miembros de su gobierno sobre el 29 de octubre han sido desmentidas por documentos y grabaciones hechos públicos, pero también por mandos militares o ministros.
También hubo declaraciones contradictorias y polémicas, como ocurrió con la asesora (equivalente a ministra) de protección civil, Salomé Pradas, quien llegó a decir que recién a las 20 horas del día de las inundaciones se enteró. de «un técnico» que existía un sistema de alertas para celulares.
En cuanto a Mazón, ese día, según su despacho, tuvo un «almuerzo de trabajo privado» que duró varias horas y recién a las 7 de la tarde llegó a la reunión de la coordinación de emergencias que estaba convocada para las 5 de la tarde. Esta es la versión oficial más reciente, que contradice las anteriores, que garantizaban que había estado en su oficina y siempre informado sobre la tormenta.
Fuentes gubernamentales aseguran que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, responsable de los ríos, intentó contactar con él varias veces sin éxito, lo que sólo consiguió a última hora de la tarde.
La alerta tardía es una de las principales quejas y cuestionamientos planteados desde el 29 de octubre, pero no la única. También hay protestas por el retraso en la llegada de asistencia a las poblaciones tras las inundaciones.
En estos momentos, unos 15.000 soldados y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado se encuentran sobre el terreno, pero llegaron poco a poco, y el mayor refuerzo sólo se produjo el fin de semana.
Estos recursos son enviados por el gobierno central, pero el ejecutivo regional debe solicitarlos, ya que son las autoridades autonómicas las encargadas de comandar las operaciones.
Sin embargo, el Gobierno de España podría aprobar unilateralmente una declaración de «emergencia nacional» y tomar automáticamente el control, en sustitución de las autoridades autonómicas.
Eso es exactamente lo que han pedido a Sánchez los partidos políticos de izquierdas y otras voces, que sostienen que ya existe una probada incapacidad e incompetencia por parte del Gobierno regional valenciano para gestionar la crisis.
Esto fue también, y sorprendentemente, lo que defendió el lunes el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al considerar que la magnitud de la catástrofe justifica la declaración de «emergencia nacional», en un comunicado que se considera que mantiene al ejecutivo responsables de Sánchez, pero también de desautorización de Carlos Mazón.
Sánchez recordó este martes que España es un país descentralizado, completamente organizado en autonomías, en un sistema de «cogobernanza» que ya ha demostrado funcionar, incluso en situaciones extremas, como la pandemia.
En este contexto, ha dicho que no sustituirá a la Comunidad Valenciana al mando de las operaciones, alegando respeto institucional, pero también «eficiencia», porque un cambio ahora reduciría el nivel de respuesta a la población, como es el caso de los gobiernos autonómicos y locales. administración que mejor conoce el terreno y la situación de las zonas afectadas.
«Todos somos Estado. Y por eso lo que tenemos que hacer es cooperar», afirmó.
Sánchez y Mazón, en las declaraciones públicas que han hecho hasta el momento, coinciden en un punto: es el momento de gestionar la emergencia; determinar responsabilidades por fallas y errores es «otra fase».
