España podría regularizar a casi un millón de inmigrantes indocumentados, el doble de lo previsto
En España no habrá 500.000 inmigrantes legalizados, sino casi el doble. Hace unas semanas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la regularización de los inmigrantes irregulares que estuvieran presentes en España antes del 31 de diciembre de 2025. A partir de abril podrán presentar una solicitud. Pero según un informe de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS) publicado en enero, las cifras propuestas por el ejecutivo están subestimadas: cerca de 840.000 personas podrían verse afectadas. Este mismo informe indica que el número de inmigrantes indocumentados, principalmente procedentes de América Latina, se ha multiplicado por ocho en los últimos nueve años en el país.
Esta medida, impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez (izquierda) y en particular por el partido de extrema izquierda español Podemos, se basa en dos condiciones principales: tener antecedentes penales limpios y acreditar al menos cinco meses de residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. A falta de pruebas, una declaración jurada puede ser suficiente. Según fuentes policiales españolas citadas por el diario nacional El Mundoel criterio sería “muy flexible y fácil de demostrar”. De acuerdo a El Mundo Cuatro argelinos ya han sido detenidos por intentar engañar a la policía con documentos falsos, a pesar de que tenían antecedentes penales en su país de origen.
La policía española, citada por los medios, evoca una verdadera “llamada aérea”. Según las mismas fuentes, desde el anuncio de esta legalización masiva se han activado tres rutas migratorias. La primera ruta vendría del Reino Unido, dicen los funcionarios de inmigración. Se trataría de ciudadanos paquistaníes, afganos e indios que pretenden legalizar su presencia en Europa. Saldrían de Inglaterra, cruzarían el Canal de la Mancha hasta Francia, antes de llegar a España cruzando los Pirineos. El segundo saldría desde Francia y el tercero desde Italia. Los dos últimos se refieren a un “cantidad considerable” inmigrantes de nacionalidad argelina y marroquí, ya asentados en estos países, que buscarían dirigirse a España con la esperanza de una regularización más rápida y sencilla.
Una cuestión económica
Este “llamada aérea” habría provocado una afluencia de solicitudes. Según la policía española, consulados y registros municipales ya están saturados, juzgándose la situación “insostenible”. La policía nacional habría alertado al Ministerio del Interior de la dificultad de llevar a cabo esta regularización masiva. Según informes, se enviaron varios correos electrónicos a la oficina del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para expresar estas preocupaciones: “No sabemos cómo actuar, no hay instrucciones, ni medios, ni recursos” Los funcionarios se preocupan.
Anunciado el 29 de enero, este decreto divide a la clase política española. El gobierno lo presenta sobre todo como una medida social, ya que muchos inmigrantes ya viven y trabajan en España sin un estatus estable. El ejecutivo afirma querer garantizar sus derechos y seguridad jurídica. Pero la regularización también tiene una cuestión económica. Según la ministra de Inclusión y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el texto debe ayudar a dinamizar la economía permitiendo a los beneficiarios trabajar legalmente. “en todos los sectores y en todas las regiones del país”.
Por el contrario, el partido de extrema derecha VOX denuncia un ataque a la identidad nacional. Su portavoz, José Antonio Fuster, afirmó el pasado 1 de febrero durante una rueda de prensa, recogida por El Mundo : «No es el suicidio de España, es un asesinato». En particular, acusa al gobierno de querer “transformar el país sin el consentimiento de los españoles”. Según él, la medida fomentaría la inmigración ilegal y equivaldría a “recompensar la ilegalidad”. Antes de concluir: «España no es una ONG».
