El Gobierno valenciano se niega a dimitir y el número de víctimas asciende a 222
El sábado, miles de manifestantes pidieron la dimisión del presidente de la comunidad autónoma de Valencia, Carlos Mazón, y de su ‘número dos’, Susana Camarero, acusando al Gobierno regional de haber tardado demasiado en responder a la catástrofe que azotó a la provincia.
En una rueda de prensa para hacer balance de Protección Civil, Susana Camarero afirmó que el despido «no es una opción» y que el objetivo es trabajar en la recuperación y reconstrucción de la zona devastada, negándose a abandonar en este momento a las víctimas de la tragedia. tiempo.
Por su parte, Carlos Mazón (PP, centroderecha) dijo que respeta el objetivo de la manifestación del sábado, comparte «este dolor» y lamentó los disturbios y actos vandálicos ocurridos.
También hoy, el PP nacional expresó su apoyo, desde Madrid, a la ejecutiva regional que «se ha defendido en todo momento» ante un Gobierno (PSOE, centroizquierda), que «se negó a asumir la emergencia nacional de España» en últimos años.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, expresó la solidaridad del gobierno nacional con las manifestaciones pacíficas y regladas y consideró que sería «un error» entrar en otros debates en momentos en que es necesario concentrar esfuerzos en la ayuda. acciones .
Según las autoridades, el número de personas rescatadas ascendió a 36.803, 82 de ellas en las últimas horas.
Está previsto que el jueves se reanude la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Valencia y el número de municipios valencianos afectados asciende a 75.
Durante el fin de semana, con la llegada de miles de voluntarios procedentes de muchos puntos de España, se intensificaron las labores de limpieza y retirada de escombros, además de los miles de militares de los distintos servicios de emergencia que trabajan en la zona con maquinaria pesada y miles de vehículos, helicópteros, barcos y drones.
Un total de 8.494 militares están desplegados en las zonas afectadas (2.103 de la Unidad Militar de Emergencias, UME), que han movilizado más de 2.000 vehículos terrestres, 12 helicópteros y 32 drones, además de casi 10.000 agentes de la Policía Nacional y el Guardia Civil, que ha reforzado los puntos de atención al ciudadano y oficinas móviles de documentación en diversas localidades.
El Gobierno nacional anunció que el Consejo de Ministros aprobará este lunes un segundo paquete de apoyo a la región, mientras que el PP presentó un conjunto de 13 medidas que se incorporarán a este diploma, tras haber propuesto ampliar la lista de municipios afectados, un único portal para la gestión de ayudas, una línea para la renovación de vehículos, un plan de vivienda, la creación de un fondo exclusivo para educación y un plan de salud mental.
La asociación que representa a las compañías aseguradoras en España recibió 156.126 reclamaciones de indemnización por daños causados, de las que 50.679 corresponden a viviendas, 92.779 a vehículos y 9.212 a comercios y almacenes.
Las redes de abastecimiento de agua de la provincia de Valencia sufrieron daños estimados en 331 millones de euros, según las primeras estimaciones.
Las lluvias torrenciales y las posteriores inundaciones dejaron sin suministro de agua a más de 600.000 personas, cifra que ahora se ha reducido a poco más de 7.000 usuarios.
Sin embargo, los principales problemas ya no son el suministro, según el Ministerio, sino la calidad y, en 60 municipios, se mantiene la recomendación de hervir el agua antes de su consumo, y en otros cinco el agua no es potable ni siquiera después de hervir.
El sábado, 130.000 personas se reunieron en Valencia para cuestionar la actuación del Gobierno regional en la gestión de la crisis, una crítica que Susana Camarero dijo entender.
«Lamentamos que se esté politizando el dolor de los afectados. Nos duele como gobierno que hubo grupos violentos que, al finalizar una manifestación pacífica que mostraba este dolor, provocaron disturbios y actos vandálicos que desvirtúan el objetivo de la manifestación y el mensaje de dolor por esta tragedia”, destacó, acusando al gobierno nacional de intentar centrarse únicamente en la responsabilidad del gobierno regional en la respuesta.
En su opinión, una inundación como esta «deberá dejar muchas experiencias y lecciones que aprender» y habrá que evaluar «no sólo la reacción prevista en los protocolos de emergencia, sino también las propias infraestructuras».
