Salvador: El 90% de los detenidos vinculados a la lucha contra las pandillas no han sido juzgados

Salvador: El 90% de los detenidos vinculados a la lucha contra las pandillas no han sido juzgados

Casi el 90% de los 93.000 detenidos en El Salvador como parte del estado de excepción mantenido desde hace cuatro años por el presidente Nayib Bukele en su guerra contra las bandas criminales aún no han sido juzgados, presentó la fiscalía el martes. Su lucha muy autoritaria contra las pandillas ha reducido el crimen a mínimos históricos en El Salvador, pero ONG y un grupo de expertos de la ONU señalan abusos que podrían constituir crímenes contra la humanidad, incluidos arrestos arbitrarios y muertes en prisión.

El fiscal general del país, Rodolfo Delgado, indicó durante una reunión en el Congreso que sus servicios habían registrado poco más de 10.500 condenas; lo que significa que casi el 90% de los detenidos siguen esperando juicio. Al presentar este informe de la fiscalía, el señor Delgado expresó la esperanza de que el número de “los casos que ya han pasado por la casilla de juicio (pueden) aumentar”.

Delgado dijo que las condenas iban desde delitos menores hasta homicidios y violaciones cometidas por miembros de pandillas. La fiscalía también contabilizó 13 cadenas perpetuas por pertenecer a “organizaciones terroristas», homicidios y feminicidios, así como 244 absoluciones y 10 destituciones.

Según la organización humanitaria Socorro Jurídico, un tercio de los detenidos bajo el estado de emergencia de Nayib Bukele son inocentes. El presidente de El Salvador reconoció que su gobierno había liberado a unos 8.000 detenidos, sin precisar si todavía estaban procesados. Los funcionarios de su gobierno consideran que estas personas forman parte de un “margen de error” en las detenciones.

Y la semana pasada el jefe de Estado dijo que estaba considerando un programa para la liberación anticipada y condicional de alrededor de 5.000 “colaboradores ocasionales» presuntas bandas criminales a las que ha declarado la guerra desde su llegada al poder en 2019 (reelegido en 2024). Las organizaciones humanitarias lamentan que la colaboración con pandillas sea considerada un delito sin tener en cuenta la coerción que ejercen estas organizaciones criminales.

Publicaciones Similares