Almería
  
Cristóbal Fernández (Alcalde de Carboneras). Condenado por delito electoral e implicado en el atentado urbanístico de El Algarrobico (urbanización ilegal en espacio natural protegido e invadiendo la servidumbre de protección).

Rosario Fernández (Concejal de Carboneras). Condenada por delito electoral.

Joaquín García Fernández (Alcalde de Níjar). Gobierna con una tránsfuga. Denunciado por adjudicaciones ilegales y corrupción urbanística. Greenpeace denuncia urbanizaciones ilegales en San Miguel de Cabo de Gata, en la Isleta del Moro, en Las Negras y en Aguamarga.

Gabriel Flores (Alcalde de Mojácar). Greenpeace denuncia la urbanización en dominio público marítimo-terrestre y dominio público hidráulico (Playa Macenas). Ana Joaquina García Núñez (Alcaldesa de Antas). Greenpeace denuncia la urbanización masiva: 60.000 nuevas viviendas y cinco campos de golf.
María Dolores Muñoz Pérez (Alcaldesa de Pulpí y Presidenta PSOE Almería). Ha permitido la adjudicación de instalaciones deportivas a la empresa de un hermano del Presidente de la Junta, Antonio José Chaves.

 Pilar Sánchez (Alcaldesa de Jerez). Imputada por prevaricación.

Juan Manuel García Bermúdez (Concejal de Jerez). Imputado por prevaricación.

Luis Mario Aparcero (ex alcalde de Chipiona). Condenado por el caso Sanlúcar.

Agustín Cuevas (ex alcalde de Sanlúcar). Condenado por el caso Sanlúcar.

Manuel García (Alcalde de Chipiona). Imputado por malos tratos. Greenpeace denuncia que el nuevo puerto deportivo destruirá la playa Micaela. Depuración incorrecta de aguas residuales.

Antonio Ramírez (Alcalde de El Bosque). Pretende subastar en seis millones de euros la finca pública El Imperio, donde se construirán más de 900 viviendas. Ha sido paralizada.

María José Lara (Alcaldesa de Grazalema). Investigada por la Operación Pinsapar de corrupción urbanística. Se ha aumentado el suelo urbanizable en un 50 por ciento y en Benamahoma (pedanía de Grazalema) en 150.000 metros cuadrados, lo que supone cuadruplicarlo. 
Antonio Mateos (ex alcalde de Grazalema). Investigado por la Operación Pinsapar.

Francisco González Cabañas (Alcalde de Benalup y Presidente de la Diputación de Sevilla). Sus hermanos  facturaron más de 250 millones de las antiguas pesetas según una inspección de 2001. Se encuentra abierto un procedimiento abreviado en el Juzgado Mixto número 1 de Chiclana. 
Miguel Manella (Alcalde de Tarifa). Acusado de prevaricación. Greenpeace denuncia la construcción del complejo Atlanterra, cerca de 2000 nuevas viviendas y un campo de golf. Además de por prevaricación, tiene abiertas diligencias previas por delitos de falsificación documental, sobre el patrimonio histórico, ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medioambiente, en el entorno del Castillo de Santa Catalina. 
Francisco Vaca (Alcalde de Castellar). Ha firmado un convenio con Arenal 2000, cuyo dueño está imputado por cohecho en la Operación Malaya.

Ildefonso Gómez (Alcalde de Jimena). Está vinculado con la Operación Malaya y la operación Ballena Blanca. Ha firmado convenios con Arenal 2000, cuyo dueño está imputado en la Operación Malaya. Tiene abiertas diligencias judiciales por una irregularidad urbanística en la Finca de La Bordalla. 
 Juan Sevillano (Alcalde de Bornos). Condenado por prevaricación.

Rafael Reyes (Alcalde de Benaocaz). Imputado por prevaricación. Pretende construir 200 viviendas nuevas en un municipio que tiene poco más de 700 de habitantes. 
Juan María Nieto (ex alcalde de Zahara de la Sierra). Imputado por conceder licencias con informes negativos de los técnicos municipales y de la Diputación.

José María Román (Alcalde de Chiclana). PGOU anulado, plantea 40.000 nuevas viviendas y legalización de 10.000 viviendas. Proyecto para urbanizar el Pinar de Hierro.
Antonio Jesús Verdú Tello (Alcalde de Vejer). Greenpeace denuncia la urbanización de litoral virgen: “En Vejer, uno de los últimos tramos vírgenes del litoral andaluz, se ha autorizado la construcción de 1.850 plazas hoteleras”. 
 José Vázquez (Alcalde de San Roque). Denunciado por operaciones de pagos realizadas a una empresa vinculada con su familia y por irregularidades urbanísticas. 
Juan Solís Segovia (Alcalde de San Martín del Tesorillo). Imputado por un delito de prevaricación urbanística al conceder licencia en contra de informes técnicos. 
Alfonso Moscoso (Alcalde de Villaluenga del Rosario y Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz). No llega a 500 habitantes y tiene previstas  400 viviendas nuevas. El PGOU prevé recalificar 109.366 metros cuadrados y contempla un proyecto de campo de golf de 18 hoyos y una urbanización de 125 viviendas. 
Arsenio Cordero (Alcalde de Alcalá de los Gazules). Ha firmado un convenio urbanístico para el desarrollo de una zona “turística residencial deportiva y recreativa” que contará con un campo de golf de 18 hoyos, hotel de cuatro estrellas y mil quinientas viviendas, ya que el conjunto ocupará 1.593.000 metros cuadrados con una densidad máxima de 10 viviendas por hectárea. 
Ignacio García de Quirós Pacheco (Concejal El Puerto de Santa María). Mantiene en el gobierno a Independientes Portuenses, cuyo líder y alcalde ha sido condenado e inhabilitado. El municipio tiene 3.000 viviendas ilegales y un sin fin de expedientes por irregularidades urbanísticas. 
María Consolación Gamero Brun (Concejal El Puerto de Santa María). Mantuvo en el gobierno a Independientes Portuenses, cuyo líder y alcalde ha sido condenado e inhabilitado. 
Joaquin Corredera Andrés (Concejal El Puerto de Santa María). Mantiene en el gobierno a Independientes Portuenses, cuyo líder y alcalde ha sido condenado e inhabilitado. 
Francisco Payán Fernández (Concejal El Puerto de Santa María). Mantiene en el gobierno a Independientes Portuenses, cuyo líder y alcalde ha sido condenado e inhabilitado. 
Fernando Pérez Castillo (Alcalde de Prado del Rey). Denunciado por anular recibos de impuestos a familiares directos y por aplicar rebajas arbitrarias de impuestos a un complejo turístico vinculado al alcalde. Pretende recalificar dos millones de metros cuadrados. Adjudicó una piscina cubierta a Climo Cubierta, empresa que pertenece a un hermano del Presidente de la Junta. 
Alonso Rojas (Alcalde de Los Barrios). Imputado por denegar información a la oposición municipal y a la espera de juicio por injurias y calumnias. 

 Córdoba  

 Antonio Guisado (ex alcalde de Fuente Palmera). Ha dimitido. Está siendo investigado por la venta de zona verde para construir viviendas a la promotora propiedad del alcalde de La Carlota, Francisco Pulido (PSOE).

Maribel Ostos (ex concejal de urbanismo de Fuente Palmera). Denunciada e investigada por el mismo caso.

Francisco Pulido (Alcalde de La Carlota). Es propietario de la empresa Riego y Fontanería Recortes, a través de la cual adquirió 21.070 m2 de suelo verde en Fuente Palmera para construir viviendas. 

 Granada 
 

José Antonio Morales Cara (Alcalde de Armilla). Supuesta concesión ilegal de la licencia de obras para la construcción del centro comercial Nevada, promovido por Tomás Olivo, imputado en la Operación Malaya. La llaman la “Marbella granadina”.

Gabriel Cañavate (Vicepresidente de la Diputación de Granada). Investigado por la Fiscalía por no someter la modificación del plan parcial del centro comercial Nevada al dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Ha comprado sin hipotecas en 8 años tres pisos por 128.000 euros.

Pedro Álvarez (Alcalde de Motril). Greenpeace denuncia la construcción de 12.000 viviendas y un campo de golf en el nuevo PGOU.

Arsenio Vázquez Moreno (Alcalde de Rubite). Greenpeace denuncia que incluye 4.000 nuevas viviendas en su nuevo plan urbanístico, destacando una urbanización de 1.500 viviendas con campo de golf, hotel y residencia geriátrica en una extensión de un millón de metros cuadrados. 
Victor Sánchez (Alcalde de Atarfe). Acusado de estafa por la venta de unos terrenos de equipamiento público a un promotor que anunció la construcción de una residencia de ancianos convertida ahora en apartamentos. Además ha recalificado cuatro millones de metros cuadrados para construir viviendas.

Manuel Carrascosa (Alcalde de Torrenueva). Ha promovido diez recalificaciones urbanísticas desde 2004 hasta la fecha.

Abelardo Vico (Alcalde de Freila). Tiene a sus espaldas varias denuncias por prevaricación e irregularidades urbanísticas. 

Huelva 

 Rafael González (Alcalde de Ayamonte). Greenpeace denuncia la urbanización de 5 millones de metros cuadrados y alerta de la “especulación” que se esconde tras la masiva recalificación de terrenos a petición de la constructora Rafael Morales S.A.
Juan Antonio Millán (Alcalde de Cartaya). Greenpeace denuncia la urbanización con afección a espacios naturales protegidos. El PGOU aprobado inicialmente supone una grave agresión a los lugares más emblemáticos de la localidad, algunos de ellos enclavados en las inmediaciones y en la zona de influencia del Espacio Natural Marismas del Piedras y Flecha del Rompido. 
Juan Manuel Burga (Alcalde de El Granado). Ha autorizado la compra de casi 500 hectáreas en la desembocadura del río Chanza junto a dos empresas promotoras, que pretenden recalificarlas para construir una macrourbanización con dos campos de golf. 
Manuel Guerra (Alcalde de Aracena). El nuevo PGOU ha recibido más de 100 alegaciones. Se pretende triplicar el municipio. El Plan Especial del Rebollar permitirá levantar chalets de lujo en plena dehesa y usurpando terreno al Camino Real del Rebollar (cañada real). 
José Hernández Albarracín (ex alcalde de Punta Umbría). PA, PP e IU han solicitado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre las supuestas adjudicaciones de cinco parcelas residenciales a la empresa Proantares en el año 2002 por un precio supuestamente inferior a su valor. El PSOE la ha rechazado haciendo valer su mayoría absoluta.  

Jaén

Felipe López (Presidente de la Diputación). La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado graves irregularidades contables.

Blas Sabalete (Alcalde de Torredelcampo). Imputado por la Fiscalía por no ordenar el inicio de expedientes sancionadores contra infractores de irregularidades urbanísticas. El Delegado del Gobierno y Vicesecretario Provincial del PSOE en Jaén llegó incluso a decir que lo apoyaría si quiere ser de nuevo candidato.

Miguel Campillo (Alcalde de Baños de la Encina). Denunciado por un particular, que lo acusa de “corrupción” y delitos urbanísticos al permitir construcciones ilegales. La Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia. Hay ya 17 personas imputadas. El PSOE de Baños de la Encina ha enviado una carta a sus afiliados pidiéndoles unidad frente a lo que considera intentos de desprestigiar la imagen del partido. 
Pedro Carmona Úbeda (Alcalde de Arjonilla). Denunciado en los juzgados por corrupción urbanística. 
José Antonio Olivares Sánchez (Alcalde de La Iruela). En los dos últimos años ha autorizado más de 500 licencias de obras. Con la revisión del plan urbanístico, se prevé duplicar el censo de viviendas de la actualidad, cifrado en un millar, para lo que ha recalificado más de 100.000 metros cuadrados de suelo. 

Cristóbal Relaño Cachinero (Alcalde de Marmolejo). Está denunciado por vender terrenos muy por debajo de su precio. 

Carmen Anguita (Alcaldesa de Los Villares). Pretende dar el “pelotazo” duplicando el parque de viviendas del municipio (5280 habitantes), cifrado en 2.000 unidades. 

Francisco Cobo (Alcalde de Mancha Real). Desde los ochenta el PSOE permite la urbanización ilegal de zonas cercanas a la sierra mediante la edificación sucesiva de chalets con piscina junto a caminos rurales (mestas algunos de ellos). 

Juan Ramón Romero (concejal y ex alcalde de La Guardia). Inhabilitado para siete años por un delito de prevaricación urbanística cuando era alcalde. 

Málaga

Antonio Souvirón (Alcalde de Vélez-Málaga). Greenpeace denuncia que pretende edificar en los terrenos de la desembocadura del río Vélez. El proyecto plantea la edificación de viviendas de lujo y hoteles en una de las zonas naturales más importantes de la Costa del Sol. 

Salvador Pendón (Alcalde de Ardales y Presidente de la Diputación). Ha sido denunciado por ecologistas por cuatro supuestos delitos en la firma de un convenio urbanístico en la zona de Laja de Turón.

Antonio Barrientos (Alcalde de Estepona). Denunciado por Greenpeace por promover una urbanización masiva (82.000 nuevas viviendas) y por la legalización de 3.000 viviendas ilegales. Depuración incorrecta de aguas residuales.
Agustín Moreno (Mijas). Greenpeace denuncia la construcción de un nuevo puerto deportivo destruyendo playas. Depuración incorrecta de aguas residuales. Extracción de 20 millones de metros cúbicos de arena para regeneración artificial afectando a LICs en el paraje de Calahonda-Cabopino.

José Jesús Domínguez Palma (Delegado de Urbanismo de El Rincón de la Victoria). Greenpeace denuncia que el nuevo PGOU propone la recalificación de casi 2.000 hectáreas como urbanas (el 68% del municipio) para dar un “pelotazo” de 15.000 nuevas viviendas.

Manuel Vázquez (ex alcalde de Ojén). Condenado a dos años de cárcel por aprobar una licencia en una zona de protección medioambiental. 

Miguel Escalona (ex alcalde de Torremolinos). Fue absuelto de un delito de cohecho, por el que sin embargo fue condenado su ex teniente de Alcalde Antonio Romero.

Ricardo Millán (Alcalde de Antequera). Denunciado por negarse a dar información a la oposición sobre facturas sin consignación presupuestaria. 
 

Sevilla

Alfredo Sánchez Monteseirín (Alcalde de Sevilla). Denunciado por Los Verdes por alentar la especulación en el PGOU. Investigado por pagar facturas falsas por obras no ejecutadas en el Distrito Macarena.

José Antonio García Marín (ex concejal ayuntamiento de Sevilla). Imputado por el caso de las facturas falsas del Distrito Macarena.

José Juan López (Alcalde de Burguillos). Recalificó suelo rústico comprado por uno de sus ediles y por su primo. Investigado por la Fiscalía.

Rafael Garzón (Concejal de Burguillos). Investigado por el mismo caso.

José Vaquero (Secretario Local de Burguillos). Investigado por el mismo caso.

Fernando Rodríguez Villalobos (Presidente de la Diputación). Participa en la sociedad Burguillos Natural, implicada en las recalificaciones de los dirigentes del PSOE.

Antonio Gutiérrez Lora (Alcalde de Las Navas). Imputado por un presunto delito de cohecho en relación con varias anomalías urbanísticas y por uso privativo de materiales del ayuntamiento.

Elena Nimo (ex alcaldesa de Brenes). Investigada por el Tribunal de Cuentas por no justificar 28.000 euros de la construcción de un centro multifuncional.

Manuel Moreno (concejal de Brenes). Investigado por el mismo caso.

Mariano Ocaña (concejal de Brenes). Investigado por el mismo caso.

Antonio Martínez Flores (ex Alcalde de Mairena del Aljarafe). Condenado.

Francisco Ramírez (concejal de Mairena del Aljarafe).

José Vicente Franco (Alcalde de Coria del Río). Denunciado por prevaricación y por la firma de convenio con la empresa Aifos, implicada en la Operación Malaya.

Francisco Casado (Concejal de Coria del Río). Denunciado por prevaricación.

Emilio Osuna (Concejal de Coria del Río). Denunciado por prevaricación.

Ana Raya (Concejal de Coria del Río). Denunciada por prevaricación.

Concepción Ufano (Concejal de Coria del Río). Denunciada por prevaricación.

Concepción Aguado (Concejal de Coria del Río). Denunciada por prevaricación.

Fernando Rodríguez (Concejal de Coria del Río). Denunciado por prevaricación.

Teresa López (Concejal de Coria del Río). Denunciada por prevaricación.

Fernando Bizcocho (Concejal de Coria del Río). Denunciado por prevaricación.

Rafael Cárdenas (Concejal de Coria del Río). Denunciado por prevaricación.

Juan Escámez (Alcalde de Sanlúcar La Mayor). Ha promovido una modificación de las normas urbanísticas para favorecer una promoción de una empresa vinculada a los sobrinos del ex Presidente del Gobierno Felipe González (PSOE).

(Alcalá de Guadaira).

Rufino Campos (Villaverde del Río). Inhabilitado por siete años por un delito de prevaricación.

Jacinto Pereira (Alcalde de Gerena). Condenado como autor de una falta de lesiones y vejaciones a un vecino durante una entrega de VPO. 

Justo Padilla (Alcalde de Guillena). Imputado por levantar naves municipales en una zona verde.

Ángel Rodríguez de la Borbolla (ex alcalde de Cazalla de la Sierra). Imputado por vender como urbana una finca rústica de su propiedad.

Antonia Hierro (Alcaldesa de Tomares). Condenada por conducta antisindical. Los juzgados han admitido el recurso contra la sentencia que la exculpaba de un delito de prevaricación por usar la policía municipal para la boda de su hija.

Manuel Castilla Villasanta (Secretario Local del PSOE de Écija).  Imputado por el caso de la quiebra fraudulenta de la antigua empresa municipal de comunicación Astitel-Emcomsa.

Juan García Baena (Alcalde de Estepa). Imputado por prevaricación.

Julio Álvarez (Alcalde de Puebla del Río). Imputado por malversación.

Ángel Navia (ex Alcalde de Tocina). Imputado por malversación y exacción legal por unas obras, así como por intento de cobro de un canon por usar un camino.

Manuel González Zarco (ex concejal de Tocina). Imputado por el mismo caso. 

José González Martínez (es concejal de Tocina). Imputado por el mismo caso.