ABC rescata una vieja historia que ha vuelto a obtener la categoría de actualidad por la fuga de los dos reclusos de la cárcel Sevilla 1 que tuvo lugar la semana pasada y que anticipó Libertad Digital. La edificación de la entonces llamada cárcel Sevilla II, hoy Sevilla 1,  fue adjudicada por el Ministerio de Justicia a Dragados y Construcciones por más de tres mil millones de las pesetas. Dragados, que había subcontratado diferentes trabajos de la Expo y la A-92 con la industria sevillana Talleres Palomino, propiedad de Francisco Palomino, cuñado de Felipe González, la subcontrató con el mismo para hacer  la herrería de la prisión. Y la empresa de Palomino la subcontrató, a su vez, con un tallar de Torreblanca, Sevilla. Ya en 1989 se puso de manifiesto la falta de consistencia de los barrotes de la cárcel y ahora, se ha sabido que los dos presos fugados  aprovecharon esta endeblez de los barrotes que no han sido revisados desde entonces para escapar.

En mayo de 1989, el entonces presidente del PA y candidato al Parlamento Europeo, Pedro Pacheco; el secretario de Información, José Luis Villar y el parlamentario Miguel Calvo denunciaron fraude en las obras de la prisión y la reiterada presencia de Palomino en otras construcciones que se estaban realizando en Andalucía en ese momento. Precisamente, ahora sabemos que ha sido la inadecuada hechura de las rejas de la cárcel lo que ha propiciado que los delincuentes fugados la semana pasada,  Rafael Hidalgo Castro y el marroquí Mohamed I.E. del módulo 7 de la cárcel Sevilla, los forzaran y se escaparan. Aunque el herraje de las celdas tuvo que ser renovado años después de la construcción, las rejas por las que huyeron el cordobés 1 en la madrugada del pasado jueves no han sido renovadas nunca, por lo que tienen su origen en el escándalo de la subcontrata al cuñado de Felipe González.

El PA no ocultó entonces su asombro por que la empresa del cuñado de González fuese la subcontratada por Dragados para obras de herraje, cerraduras etcétera, en la cárcel de Sevilla, encargos que éste a su vez subcontrató con pequeños talleres de la capital y provincia a precios inferiores de los presupuestados por la Administración. En vez de cárcel, los andalucistas llamaron a este centro penitenciario "especie de casita de chocolate» no de alta seguridad para la reclusión, incluso de etarras, y presentó un informe con todas las deficiencias. Entre ellas se encuentra la poca consistencia del material empleado para la fabricación de los barrotes y su consiguiente endeblez, que los hace fácilmente desmontables, teniendo en cuenta también su deficiente electrosoldadura.

El entonces ministro de Justicia,  el socialista Enrique Múgica, pero le restó importancia pues decía que la cárcel tenía un sistema electrónico de gran calidad. Los andalucistas negaron irregularidades en las sucesivas contrataciones de las obras pero subrayaron el presunto tráfico de influencias y realizaron una serie de preguntas de control al Gobierno andaluz que no trajeron consecuencias. Francisco Palomino  se querelló contra Pedro Pacheco por verter sobre su persona delitos de injurias y calumnias. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimó su pretensión de una indemnización de cincuenta millones de pesetas porque entendió que la libertad de expresión en este caso tenía carácter preferente sobre el derecho al honor y porque el  querellante no cuestionó la veracidad de los hechos.

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