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Actualizamos lo que escribimos ayer con nuevos editoriales y comentarios. "¿Qué le ha pasado a la pobre Mari Luz? Que la han matado, una o varias personas. Acaba de aparecer como de pronto un pederasta reconocido, vecino de la niña y asistente a la Escuela donde la niña estudiaba, con antecedentes y condenas de alejamiento por acoso a otra joven. Algo tiene que estar pasando en la Justicia española para que una y otra vez sean las víctimas las que soportan sus equivocaciones y suposiciones y sean los asesinos y los psicópatas los que se beneficien de sus inconsecuencias.
Admirable ha sido la reacción del padre, no incendiando los ánimos sino aplacándolos. Es una persona civilizada que sabe que la sangre del asesino no devuelve la vida a la víctima. Pero la reflexión se hace necesaria. En España, la justicia tiene que dejar de ser un cachondeo. Lo es en cuestiones políticas, cuando los presos son de ETA y entran o salen de la cárcel según la presión de los gobiernos. Recuerden el caso del asesino del jamón de york, si, hombre, el famoso de Juana Chaos.
Pero hay más. La justicia es un cachondeo cuando hay empresarios vinculados a la Casa Real que no sólo eluden las sentencias del Tribunal Supremo sino que se quedan con los fondos reconocidos como estafados. Y lo es cuando absuelven por que "la política es así" cuando los políticos se insultan unos a otros acusándose de robar, de matar, de lo que sea. Lo es en el caso del periodismo amarillo del corazón. Lo es en los casos de los consumidores indefensos ante las grandes compañías de servicios como la luz, el téléfono, el gas, el agua...
Y la Justicia es un cachondeo cuando se refugia, esencial y filosóficamente, en los preceptos constitucionales para defender la regeneración ética, mental y social del delincuente. Eso es una tesis muy bonita, pero que está por demostrar y desde luego, que no se puede generalizar. Gracias a esto, asesinos de padres con catana están en la calle a los cinco años. Muchos asesinos de mujeres ven cómo a los pocos años de cortarles el pescuezo a las legítimas están en libertad. La muerte se ha hecho muy barata en España gracias a una teoría que no está demostrada y que más que realidad, es un deseo.
Ahora, le ha tocado el turno a Mari Luz, acechada, sitiada, espiada y atorada, presuntamente, claro, por un pederasta que le echó el ojo y que estaba en plena libertad a pesar de tener antecedentes demostrados en el caso de su propia hija. Habrá que conciliar la presunción de inocencia con las probabilidades que apuntan los antecedentes. Habrá que conciliar la pena de los asesinos con sus expectativas de reinserción social. Habrá que estudiar muchas cosas, pero esto no puede seguir así. Ah, y, desde luego, la Justicia debe ser absolutamente independiente de todo poder político o económico. Aun así, será imperfecta, pero los ciudadanos estarán más seguros.
Esta fue la reflexión del ABC: "LA sórdida y abyecta historia del crimen que ya toda España conoce con el nombre de «Mariluz» sólo espera ya Justicia. Como su padre ha declarado tras conocer la detención del presunto asesino, se deben desterrar reacciones viscerales porque ya no podemos recuperar la vida de la pequeña, pero sí se puede y se debe exigir al Estado que ponga las cosas en su sitio y que la muerte de su hija no quede impune. Sospecha, con razón, el progenitor que vivió 54 días de infierno inenarrable, que la enfermedad mental del arrestado será argüida por éste y su letrado como elemento eximente o al menos atenuante, y que al final podemos verle nuevamente en libertad y descontrolado.
Desde que los antiguos manicomios fueran sustituidos no por centros dignos y respetuosos de los derechos humanos sino por el «salta la tapia», la sociedad ha quedado a merced de los zarpazos irreparables que estas personas puedan cometer. Hasta dónde llega su culpa es algo que sólo jueces y facultativos pueden determinar, siempre aproximadamente. Pero la Administración tiene una deuda con los ciudadanos, que es tomar las resoluciones legislativas y ejecutivas precisas para que los padres de niñas de cinco años, por ejemplo, puedan dormir tranquilos. ¿Cuántos perturbados como Santiago del Valle andan sueltos y sin que nadie vigile sus tratamientos y sus conductas por nuestras calles? He ahí la cuestión."
El Mundo lo ve así: "El asesinato de Mari Luz Cortés, la niña de cinco años que desapareció en Huelva el pasado mes de enero, ha conmocionado no sólo a la pequeña población donde vivía, sino a toda España. Los padres de Mari Luz y todos sus vecinos denunciaron su desaparición de forma incansable. La ejemplar entereza del padre de la niña, aun después de saber que su hija había sido asesinada, ha asombrado a todos los españoles. Al margen del espanto que produce el asesinato de una niña, los detalles del historial delictivo del presunto criminal vuelven a ser piedra de escándalo, ya que Santiago del Valle tenía que estar cumpliendo condena desde 2006, cuando la Audiencia de Sevilla emitió sentencia firme, por un delito de abusos sexuales cometido contra su propia hija, cuya custodia les fue retirada a él y a su mujer, también autora de los hechos según la sentencia. Una desgraciada serie de errores judiciales, negligencias y retrasos permitió que el presunto asesino no sólo no estuviera en la cárcel, sino que se instalara en una vivienda cercana a la de Mari Luz, dejando tras de sí un reguero de menores víctimas de sus abusos sexuales.
Santiago del Valle -que sufre esquizofrenia, por lo que incluso su abogado pidió su ingreso en un centro psiquiátrico- tiene pendientes de cumplir dos condenas que ascienden a cuatro años y nueve meses de prisión por abusos sexuales a su hija, que tenía cinco años en el momento de los hechos, y a otra niña de nueve años. Fue condenado en 2002 y 2004 por dos juzgados sevillanos, aunque logró eludir su ingreso en prisión. Pero es que en 2006, fue detenido en Gijón por un presunto delito de acoso sexual contra una menor de 13 años, por lo que un juzgado dictó orden de alejamiento de la joven. El Juzgado de Sevilla no cursó la orden de busca y captura ni la Fiscalía se interesó por la ejecución de la condena, por lo que su detención en Gijón tampoco sirvió para localizarlo y encarcelarlo.
Algunas personas esperaban ayer al presunto asesino frente a los juzgados pidiendo tomarse la Justicia por su mano. Es evidente que tales comportamientos no deben ser tolerados. Pero no es menos evidente que alguien tendrá que dar explicaciones y asumir responsabilidades por este escandaloso y monumental error judicial que ha desembocado en un asesinato. El Consejo General del Poder Judicial ha abierto una investigación y hay que esperar que se depuren todas las responsabilidades, porque éste es un caso paradigmático a la hora de preguntarse por qué los ciudadanos confían poco en la Justicia. "
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