Y es que hay que ser vago para disponer de cuatro años para gobernar y enviar leyes al Parlamento andaluz y no haberlo hecho. Ahora, cuando falta muy poco para las elecciones, quiere tramitar por la vía de urgencia hasta seis proyectos de ley. Se trata del proyecto de ley de Medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, de la Ley de Educación, la Ley de Farmacia, la Ley de creación de la Agencia Tributaria de Andalucía, la modificación de la Ley de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y la Ley de Ciencia y Conocimiento. Desde ahora hasta las vacaciones puede ser que haya más. Es sencillamente impresentable.

Como son tramitaciones por vía de urgencia los pasos parlamentarios  se reducen y los debates brillarán por su urgencia más que por su inteligencia o su trascendencia. LO natural sería que leyes que entrañan consecuencias sociales importantes las de Educación, Violencia de Género o de Farmacia, por ejemplo, incluyeran un capítulo extenso de conversaciones y diálogo con quienes son los representantes de cada uno de los sectores implicados. Ser tramitadas por la vía de urgencia reduce el diálogo y lo desnaturaliza.

Pero la vagancia y la inoperancia del señor Chaves (o su deseo que aprobar leyes cómo sea para evitar tener un flanco electoral ante el candidato Arenas conocido por su diligencia y su gran capacida de trabajo) compite con su impunidad política. Muchos proyectos que ha anunciado no se han hecho jamás. Cuenta hoy El Mundo que la Ley de Creación de la Policía nunca se hizo y que sólo sirvió para la confrontación con Aznar.

En el caso de la Ley de Farmacia, ley de importancia máxima para la población y para los sectores implicados el nuevo Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, máximo órgano de representación y decisión de estos profesionales en la comunidad autónoma, se reune hoy al objeto de fijar la estrategia común que llevarán a cabo cara al trámite parlamentario que la futura Ley de Farmacia de Andalucía (LFA), uno de los proyectos legislativos que el Gobierno de la Junta pretende que se apruebe por el procedimiento de urgencia.

Por ejemplo, en lo que se refiere a las sanciones, el Consejo Andaluz de Farmacéuticos las considera «abusivas» por cuanto recogen multas de hasta 30.000 euros por ausencia del titular de la farmacia durante una inspección rutinaria, aunque en el momento de la inspección se encuentren presentes, por ejemplo, tres farmacéuticos más en el establecimiento. Además, lamentan que esta norma recoge sanciones por valor de 30.000 euros por tener algún medicamento caducado, «pese a que no se le haya suministrado a un paciente, ya que te sancionan sólo por tenerlo en las estanterías.

En fin, esta es una manera manifiestamente impropia de gobernar.

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