Cuando, en noviembre de 2001, publiqué la información sobre el espionaje al que estaba siendo sometido el entonces presidente de la Caja San Fernando, Juan Manuel López Benjumea, me limité -al menos, eso es lo que intenté- a reproducir los acontecimientos, sin añadir opiniones personales. En síntesis, aquella información lo que ponía de manifiesto es que un presidente de caja se sentía espiado, que lo denunció a la delegación del Gobierno creyendo que se trataba de ETA y que, cuando la policía descartó la hipótesis terrorista, aquel presidente de caja contrató a un detective privado. Fue este detective quien finalmente localizó a la persona que seguía al presidente de la caja y le grabó el vídeo en el que éste admitía que el trabajo se lo había encargado Chaves. Para probarlo, el individuo le entregó al detective una trajeta del jefe de escoltas de la Junta de Andalucía. EL MUNDO publicó aquella información en su edición nacional y, al día de hoy, cinco años después, los protagonistas siguen ratificándose en lo que contaron al periódico.

Para nosotros, tanto para mi como para Francisco Rosell, director de EL MUNDO de Andalucía, lo importante de aquella información es lo que acabo de decir. Que no se trataba de ninguna invención, simplemente contamos lo que ocurría. Tampoco se le imputaba a nadie la comisión de un delito, puesto que éramos conscientes antes y ahora que no entraña ningún delito seguir a una persona por la calle, si no existe algún tipo de coacción, atentados contra la intimidad o allanamiento de morada. Muy distinta era la situación desde el punto de vista político. ¿Tenía interés informativo que el presidente de la Junta, o el PSOE, hubiera encargado el seguimiento del presidente de una caja de ahorros, con el que estaba enfrentado y pretendía remover de su asiento? Esa es la pregunta que nos hicimos entonces. Y pensábamos que sí. Seguimos pensando que sí. Se trataba de una irregularidad política, de un comportamiento nada ético que afectaba ni más ni menos que al presidente de una comunidad que es, a su vez, presidente de la ejecutiva federal del PSOE.

Hoy, después de que una juez de Sevilla, tras finalizar el periodo de instrucción, le haya impuesto a EL MUNDO la fianza más alta que se recuerda en un proceso de esta naturaleza (no existen precedentes de querellas como las de Chaves ni de una fianza de 700.000 euros en un proceso por supuestas injurias y daños al honor), lo esencial, a nuestro juicio, es que el lector repase de nuevo qué ocurrió y cómo actuó EL MUNDO. Por encima de juicios de valor y de opiniones interesa recordar qué hicimos, por qué y cómo.

En la única declaración judicial que han realizado Francisco Rosell y Javier Caraballo, los dos periodistas de la redacción andaluza de El MUNDO a los que Chaves acusa de haber mancillado su honor, ambos detallaron el juez la comprobación exhaustiva de la información sobre el espionaje al ex presidente de la Caja San Fernando Juan Manuel López Benjumea, antes de proceder a publicarla, el 29 de noviembre del 2001. Así, en aquella declaración, en marzo de 2003, los periodistas de EL MUNDO revelaron que, tras conocer los supuestos seguimientos que se realizaban a Benjumea, primero se confirmó la noticia con la Delegación del Gobierno en Andalucía, donde se ratificó la existencia de una denuncia del presidente de la Caja temeroso de que pudiera trratarse de ETA; posteriormente con el propio Juan Manuel López Benjumea, quien confirmó las sospechas sobre los seguimientos de que estaba siendo objeto y la contratación de un detective, una vez descartado que se tratase de ETA, para que aclarase quién estaba detrás de los seguimientos.

Tras esta nueva confirmación, EL MUNDO se puso en contacto con el detective contratado por la Caja, Joaquín Corpas Parejo, a quien se le solicitó una copia del vídeo en el que la persona que seguía al presidente de la Caja, Antonio Castellano, confiesa que «entre Pino, Pizarro y Chaves me han mandado seguir a Benjumea y Beneroso».

Igualmente, solicitaron, y les fueron entregadas, las pruebas documentales que aparecían en el transcurso de la conversación grabada, tales como una tarjeta del jefe de escoltas de la Junta, que Antonio Castellano les entregó para certificar su afirmación anterior.

Una vez que toda la información estuvo contrastada, tras varias semanas de investigación, EL MUNDO telefoneó al secretario de Organización del PSOE-A, Luis Pizarro, a quien informó de la publicación al día siguiente de la noticia y éste le realizó incluso unas declaraciones que también publicó EL MUNDO el mismo día y en la que Pizarro aseguraba, ya entonces, que todo era un «montaje».

La información en sí era de un gran interés periodístico porque certificaba la batalla encarnizada que se estaba librando en el seno del PSOE por el control de las cajas. Lopez Benjumea era militante del PSOE y fue este partido el que lo colocó al frente de la entidad financiera. Hasta que un día dejó de tener la confianza del partido y Chaves exigió públicamente su cabeza. Este era el momento político en el que se produjo la noticia.

Tras publicarse la información, el presidente Chaves inició una batalla legal contra el periódico y contra el autor de la información, a pesar incluso de que la Audiencia rechazó que pudiera continuar en el caso como presidente de la Junta (y con los servicios jurídicos de la administración). Se retiró incluso el fiscal y Chaves siguió adelante como particular en su batalla contra EL MUNDO. El auto de apertura de juicio oral se ha producido después de que la defensa del presidente de la Junta de Andalucía y los otros dirigentes del PSOE pidiesen la máxima pena posible, situada en 14 meses de multa, por un delito de injurias graves con publicidad para EL MUNDO, para López Benjumea y para el detective al que éste contrató.

Se da la circunstancia de que la única persona a la que el presidente Chaves ha decidido excluir del caso ha sido a Antonio Castellano, que es quien pronuncia en el vídeo la frase de que fue «entre Chaves, Pizarro y Pino» quienes le encargaron el espionaje. Antonio Castellano es tambíén la persona que entregó, en prueba de la veracidad de la afirmación anterior, una tarjeta personal del jefe de escoltas de Chaves, Juan Escámez. Insistamos en este detalle, que no parece trivial: Chaves pide la máxima pena para EL MUNDO por reproducir una frase y al autor de la misma lo exculpa de toda culpa. ¿Puede entenderse?

Tras pedir la máxima pena para el diario EL MUNDO, el escrito presentado por Alfonso Martínez del Hoyo, letrado de Chaves y Pizarro, hace mención a que ambos «se comprometen solemnemente» a donar la posible indemnización que les conceda el juez a entidades sin ánimo de lucro.







La primera denuncia que llegó a los tribunales fue la del presidente de la Caja de Ahorros San Fernando, Juan Manuel López Benjumea. La denuncia se interpuso en mismo día que EL MUNDO publicó la información y la realidad es que tuvo muy poca vida en el juzgado. Justo a la semana de interponerla, el juez decidió archivarla. La cuestión no tendría más relevancia -ya decíamos antes que, en realidad, el mero seguimiento de una persona por la calle no tiene por qué significar la comisión de un delito- si no fuera por las extrañas circunstancias que rodearon aquel archivo.

Para empezar, por extraño que parezca, el juez archivó la denuncia sin ni tan siquiera llamar a declarar al denunciante, el presidente de la caja de ahorros. Tampoco le solicitó que aportara pruebas, como el vídeo mencionado. Para colmo de coincidencia, el auto de archivo se produjo el mismo día que se iba a debatir en el Parlamento andaluz la creación de una comisión de investigación sobre estos hechos. Ni que decir tiene que, obviamente, aquel archivo sirvió al PSOE para resolver políticamente el caso de un plumazo. No hubo comisión de investigación y, además, el presidente de la Junta decidió entonces pasar a la ofensiva: presentó una querella contra el presidente de la Caja y contra EL MUNDO.

Si la primera denuncia tardó una semana en resolverse, la denuncia de Chaves cumplirá en noviembre de 2006 cuatro años de tramitación. Y hasta ahora, ha prosperado hasta llegar a la imposición de la fianza que antes aludíamos.

Es verdad, sin embargo, que entre las dos denuncias existen otros acontecimientos judiciales. La Audiencia de Sevilla revocó el auto de archivo del juez de instrucción y obligó a una instrucción mayor que, sin embargo, ha estado colmada de inexplicables contrariedades. La principal es que no ha podido demostrarse la autenticidad de la cinta de vídeo, esencialmente porque lo que se aportó al juzgado fue una copia y no la cinta original, el master de la grabación. El detective, cuando fue instado a que entregara la cinta original, negó que estuviera en su poder.

¿Actuó así por presiones? ¿La había destruido, tras hacer las copias y entregarlas a quien le había encargado el trabajo? Caben muchas hipótesis, pero la única realidad es que sin la cinta master era imposible demostrar que la voz que aparece en la cinta se corresponde con los protagonistas. Claro que existían otras evidencias, como las tarjertas entregadas, pero éstas no han sido tenidas en cuenta por el juez. Así que el caso, de nuevo, acabó archivándose.

La importancia de la desaparición de la cinta master es, sin embargo, aún mayor. Al no existir esa grabación original, los informes periciales que ha realizado la policía sólo se limitan a afirmar que el sonido es insuficiente para realizar una prueba de voz y que se evidencia que la copia entregada "es un montaje". Esta parte es esencial porque, curiosamente, se conecta con la primera explicación que ofreció el PSOE, incluso antes de que se publicara la información. La policía afirma, en efecto, que se trataba de "un montaje", pero no se refiere al hecho de que la cinta sea falsa, una invención, ya que para eso tendría que haber podido analizar las voces e identificar a sus autores, pero queda dicho que, según la policía, esa tarea fue imposible por la deficiencia del sonido. Cuando la policía científica utiliza la palabra montaje lo hace para remarcar que la grabación de la imagen se hizo de forma independiente a la del sonido y que, con posterioridad, ambas 'se montaron' en una sola cinta. Montaje, en efecto, pero no manipulación. Sin embargo, la sola mención de la palabra ha servido al PSOE para asentar su justificación de que todo se debía "a un montaje mafioso" (es la expresión utilizada por Chaves) en el que participaron EL MUNDO y el presidente de la caja.

En fin, que es muy probable que nunca se pueda demostrar ya qué ocurrió, entre otras cosas porque, como se decía antes, significativamente, la persona que decía en el vídeo que el seguimiento se lo había encargado el presidente Chaves ha quedado fuera del proceso y exculpado de todo. ¿Si hubo hubo un montaje mafioso, cómo no implica Chaves a la persona que menciona su nombre?

En cualquier caso, esa es ya otra historia. El asunto está definitivamente archivado y la única preocupación de EL MUNDO es la de demostrar que, paso a paso, siguió escrupulosamente las exigencias profesionales para la elaboración de cualquier noticia de esa relevancia. Nos limitamos a contar lo que pasaba: contrastando las fuentes, hablando con todos los protagonistas y consiguiendo los documentos que existían sobre el caso.

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