El escándalo de las comilonas de 5 consejeros socialistas del Consejo Audiovisual de Andalucía crece por momentos. De una parte, el PSOE no piensa mover un dedo para pedir la dimisión de los cinco consejeros, entre los que se encuentra un ex director general de Canal Sur TV. De otra, se ha producido una situación esperpéntica puesto que los dueños de los restaurantes que emitieron algunas de las facturas no pueden cobrarlas debido a que el Consejo Audiovisual no puede reconocerlas como oficiales y ajustadas a las normas. Consecuentemente, las reclamaciones, cuenta hoy El Mundo, ya  han comenzado.

La situación es jurídicamente enrevesada. Por una parte, los justificantes de las comidas y su importe fueron firmados por los consejeros socialistas que, recordemos, son: Francisco Cervantes, Cristina Cruces, María Luisa Pérez, Mercedes de Pablo y Carmen Morillo. Fueron firmadas para que fueran pagadas por el Consejo pero ahora se niegan a firmar de nuevo porque tendrían que ser pagadas por sus propios bolsillos. Los dueños de los restaurantes, pues, no pueden cobrárselas al Consejo ni tampoco a estos consejeros.

Recordemos que fecha de 7 de mayo, estos consejeros acumulaban dietas por comidas sin aclarar por un valor superior a
7.000, todas ellas correspondientes al presente año 2008. De los documentos no justificados se deduce estas comidas fueron cenas, en horario no laboral del Consejo.

Veinte veces se ha requerido desde la contabilidad del propio Consejo a los mencionados consejeros socialistas para que acrediten sus gastos pendientes, sin que haya habido respuesta alguna. Desde el Consejo se sostiene que este comportamiento de los cinco consejeros era una práctica habitual saltándose todos los procedimientos establecidos en la institución.

Algunos de estos consejeros gastaron durante el año pasado 23.787 euros en dietas por comidas que no han sido convenientemente acreditadas como oficiales. Igualmente, durante 2007 se acumuló un gasto de 17.932 euros por la utilización de vehículos oficiales para el desplazamiento de consejeros desde sus domicilios hasta la sede del ente, en Sevilla.

El argumento aducido por los consejeros socialistas es que todo se debe al ejercicio normal de sus funciones. O sea, que las mariscadas y los abusos en la utilización de coches oficiales de la Junta eran algo "inherente al desempeño" de su labor. En un escrito dice que "en las comidas -afirman en su escrito- nada cabe añadir respecto a la elección que cada comensal invitado por esta institución pueda hacer respecto a la carta".

El PP ha pedido a los consejeros implicados que se planteen su dimisión y que, sobre todo, restituyan el dinero gastado indebidamente. La misma petición ha hecho IU.

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